El artículo analiza el abordaje del derecho al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, contrastando las decisiones recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Beatriz Vs. El Salvador, 2024) y del Comité de Derechos Humanos de la ONU (casos Norma, Lucía y Susana, 2025). Si bien ambos órganos reconocen vulneraciones de derechos, la Corte evita pronunciarse sobre la inconvencionalidad de la penalización absoluta del aborto. En cambio, el Comité de la ONU afirma que forzar la maternidad en casos de violencia sexual constituye tortura y discriminación basada en género e insta a tomar medidas entre las que se incluye revisar el marco legal y asegurar que todas las mujeres tengan acceso al servicio de interrupción del embarazo. El artículo subraya que, aunque se evidencian avances, el enfoque del Comité resulta más eficaz para consolidar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho humano exigible. En este marco, se destaca la importancia del litigio estratégico y la acción feminista internacional como herramientas para transformar contextos de criminalización y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.