Los derechos de participación de niñas, niños y adolescentes constituyen una garantía fundamental orientada a reconocer su capacidad de expresar opiniones en los asuntos que les afectan, de conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este artículo examina avances y limitaciones en la efectividad de este derecho en el caso de la infancia migrante en Chile. Mediante una metodología cualitativa, basada en entrevistas semiestructuradas a profesionales del sector público, representantes de organizaciones no gubernamentales y académicos, se identifican progresos relevantes, tales como la promulgación de la Ley 21.067 de 2018, que creó la Defensoría de la Niñez y los respectivos Consejos Consultivos, y la Ley 21.430 de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de 2022. No obstante, persisten obstáculos significativos asociados a situaciones de discriminación, exclusión socioeconómica, ausencia de enfoque intercultural en la formación docente y falta de capacitación en el funcionariado, lo que genera brechas en el acceso y ejercicio efectivo de los derechos de la niñez extranjera. La conclusión destaca la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas específicas y sostenidas, orientadas a la institucionalización de mecanismos de participación vinculante que reconozcan la voz de la niñez migrante como sujeto de derechos.