Las personas migrantes constantemente han sido víctimas de discriminación, sobre todo en la actualidad. De hecho, ha sido noticia la legislación regresiva en materia de derechos humanos de las personas migrantes, lo que ha llegado hasta su criminalización. Sin embargo, este no es un fenómeno nuevo en Argentina, sino que se ha
ido gestando desde hace décadas para llegar a positivizarse en un Decreto de Necesidad
y Urgencia —de dudosa constitucionalidad y convencionalidad—, e incluso a plasmarse
en una serie de políticas públicas que ponen a las personas migrantes en la mira, como el «chivo expiatorio» que debe ser expulsado. Desde una perspectiva de derechos humanos, se podría afirmar que actualmente existen políticas de persecución en contra de las personas migrantes con actitudes activas del Estado, incluyendo el dictado de normativa discriminatoria. En este contexto, el artículo se centrará en definir qué se entiende por discriminación estructural desde el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y analizará las políticas públicas argentinas relacionadas con el fenómeno de la migración bajo el prisma de ese tipo de discriminación. El objetivo es identificar si se
puede hablar de discriminación estructural en Argentina.